La Asociación Río Aragón anuncia su abandono de la comisión del agua

La Asociación Río Aragón ha anunciado que abandona la Comisión del Agua de Aragón como representante de “Organizaciones Sociales de Defensa de los Afectados por Obras de Regulación”, ante las decisiones aprobadas por la comisión en su último pleno. Cuestiones que desde la agrupación jacetana se califican de “sangrantes” y que se refieren a la realización de todas las obras del Pacto del Agua, a reintroducir la posibilidad de inundar pueblos o retomar proyectos desechados en otras ponencias.

El abandono de Río Aragón sucede varios días después de que otra agrupación, también representante de afectados, la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, tomara la misma decisión y tras un abandono anterior y puntual de los jacetanos, de la ponencia que debatía el recrecimiento de Yesa. Entonces, los de Río Aragón denunciaron que no se les suministró toda la documentación solicitada, ni se les concedió el tiempo solicitado para presentar nuestras alternativas, ni se permitió ningún debate técnico riguroso de manera previa a la elaboración del dictamen.

A pesar de todo y, según señalan desde el colectivo, retornaron a la comisión, “por solidaridad y compromiso con otros colectivos cuyos problemas estaban pendientes de debate y por estar sin concretar las que habrían de resultar Bases de la Política del Agua en Aragón”. Un documento para la asociación “indispensable” para poder abordar las grandes infraestructuras hidráulicas y cuyas bases, fundamentadas, según el colectivo, “en un acuerdo sociopolítico previamente configurado y no en la mejor solución para todos”, han quedado vistas para su exposición pública.

Desde la asociación jacetana se indica que su participación en la comisión se debe a la convicción de su integrantes de que “los conflictos abiertos en Aragón en lo relativo a la gestión del agua se resolvieran por la vía del diálogo y el acuerdo, aplicando principios de equidad territorial que reconsideraran el sufrido papel desempeñado por las zonas de montaña y desde criterios de racionalidad”. Sin embargo, “su funcionamiento ha estado viciado desde el primer momento por una falta de equilibrio entre demandantes de pantanos y afectados por éstos, ya que cualquier propuesta que hicieran los primeros se sabía de antemano que sería aprobada”, denuncian.

Esta situación, según indican los dos colectivos que se han retirado, ha empeorado tras el último pleno. Ambas agrupaciones indican que las últimas decisiones aprobadas “han terminado de aniquilar cualquier esperanza de que dicho foro pueda servir para reconducir al terreno de lo sensato la problemática del agua en Aragón”. Para las asociaciones la sesión constituyó, “un auténtico regreso a las cavernas de la peor política hidráulica, con una amplia mayoría, que ya se buscó al crear la comisión, y contando con la complicidad de tres de los cuatro representantes de ADELPA”.

Entre las cuestiones que salieron adelante destacan “la realización de todas las obras del Pacto del Agua, impedir que para las restituciones históricas se apliquen tarifas o cánones a los usuarios, definir los cauces de los ríos como lugar único en la práctica para almacenar agua, reintroducir la posibilidad de inundar pueblos o retomar proyectos desechados en otras ponencias”. Además, según denuncian “se rechazaron de forma sistemática propuestas absolutamente razonables que provenían de las organizaciones ecologistas, mientras algunas de las propuestas más retrógradas provenían del propio Instituto Aragonés del Agua”.

Todos estos motivos y la posibilidad de que su presencia en el foro –que según Río Aragón, “sólo ha estado al servicio de regantes y posiciones trasnochadas de la mayoría de los partidos políticos”- podría servir para legitimar, aunque el voto fuese negativo, determinadas decisiones que atentan de forma frontal contra los intereses de sus afectados, Río Aragón ha decidido abandonar, de manera puntual, la comisión. Si bien advierte que permanecerá vigilante y denunciará en caso de que su puesto sea ocupado por organizaciones que, “lejos de defender a los territorios realmente afectados, son meros instrumentos de los beneficiarios de dicho proyecto”, señalan.