El juicio de Yesa pone en evidencia las irregularidades del proyecto

El juicio del caso Yesa está sacando a la luz y poniendo en evidencia las constantes y graves irregularidades que se dieron en el proceso de de aprobación del proyecto.

Desde que se inició el proceso judicial, el pasado 6 e marzo, en la Audiencia Provincial de Madrid, la mayoría de las declaraciones y testimonios han confirmado, según la Asociación Río Aragón y el Ayuntamiento de Artieda, “los hechos denunciados objeto de la acusación y la política hidráulica trasnochada, encabezada por ingenieros de caminos anclados en directrices de principios del siglo XX, oscurantista, que obvia de manera sistemática la normativa, ignorando estudios de seguridad y sin tener en cuenta los avances que se van produciendo en materias de agua ni la nueva normativa en materia de regadíos, como el Plan Nacional de Regadíos”.

Durante estas ocho jornadas de juicio han pasado por el estrado el ex director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín; Carlos Vázquez Cobos, entre cuyas funciones está la de informar y velar por la legalidad de las actuaciones administrativas que se tramitan; el subdirector del Área de Evaluación de Impacto Ambiental, José Antonio Lazuén, y María Teresa Manzanares, técnico de esta área; así como  ingenieros de la Confederación, funcionarios del anterior Ministerio de Medio Ambiente o el director general de OHL, una de las empresas que había concursado a la obra de Yesa.

Estos testimonios están dejando claro que la política de aguas que hacen las Confederaciones Hidrográficas no es de la gestión del interés público, sino del interés de unos colectivos determinados, como los regantes o las empresas constructoras. Además está avalando, “de forma contundente”, apuntan desde Río Aragón, la causa base de la acusación del Ayuntamiento de Artieda, consistente en la prevaricación cometida por Dolores Carrillo, quien como directora general de Evaluación Ambiental hizo una declaración en contra de todos los informes de su departamento, pues el estudio de impacto carecía de los memorias necesarias sobre la afección a la población y la geografía, riesgo sísmico. Carrillo comparece el jueves 16 de marzo para dar cuenta del controvertido informe.

Desde la agrupación jacetana se explica que el juicio, “también está demostrando que nadie evaluó la información adicional que se recibió de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Gobierno de Aragón”. De hecho, el subdirector del Área de Evaluación de Impacto Ambiental, José Antonio Lazuén, y María Teresa Manzanares, técnico de esta área hasta 1997, en su comparecencia fueron rotundos en asegurar que todos los informes emitidos por este departamento eran negativos a la emisión de la declaración de impacto ambiental (DIA) y que se hacían de forma colegiada, recogiendo la opinión de todo el Área, porque el estudio de impacto ambiental (EIA) era insuficiente e insistieron en que no se valoraron los riesgos y los impactos sobre la población, los suelos y la geología, cosa que es preceptiva en un estudio de impacto (EIA) según recoge la ley.

Pero uno de los momentos más importantes del juicio fueron las comparecencias del pasado 14 de marzo, en las que se confirmó la incompatibilidad de Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas, que tras abandonar este cargo entró a trabajar en ACS, empresa de la UTE adjudicataria de las obras de la presa. El director general de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas en el año 2000, Amador Elena Córdoba, confirmó esta tesis y explicó que se instruyó contra el imputado un expediente –que sorprendentemente para el tribunal fue archivado cuando Escartín dejó ACS–, con la presencia de Escartín, a quien se le dio audiencia y, por tanto, oportunidad de defenderse. También se atendieron las alegaciones de informadores del Ministerio de Medio Ambiente, antes de que la abogada del Estado dictaminara en el Ministerio de Administraciones Públicas el incumplimiento de la  Ley de Incompatibilidades y la apertura de dicho expediente, después incomprensiblemente archivado.

En la misma jornada compareció Moisés Rubín de Félix Caballero, ingeniero de Caminos del Ministerio, quien explicó que su única intervención en Yesa fue la emisión de los informes de julio del 1993 y mayo del 1999 y a preguntas de la acusación reconoció que su informe de 1993 era sobre un proyecto de construcción completo (el del ingeniero Uceda, acusado por la fiscalía), no sobre un anteproyecto o un estudio previo o incompleto. De esta forma refutó las declaraciones de los imputados Escartín y Uceda, que consideraban el proyecto un modificado de obra que supuestamente era insuficiente y es en lo que se ampara Escartín para sacar a licitación conjunta el proyecto y obra.

Más info: www.yesano.com