Reportajes
Actualidad

El carretón de Ip lleva más de un año paralizado

Ainhoa Camino
Jaca

El que será el primer funicular de Aragón, el Carretón de Ip, lleva más de un año paralizado. En febrero de 2002 el ayuntamiento de Canfranc presentó el proyecto básico a las consejerías de Medio Ambiente y de Transportes del Gobierno de Aragón. Desde entonces, el proyecto se encuentra en tramitación administrativa y el consistorio canfranqués no puede avanzar en otros aspectos de su desarrollo.
El nuevo alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, es conocedor de esta situación y explica los planes que el nuevo equipo de gobierno tiene para desbloquearla: "A partir de septiembre mantendremos un encuentro con el Gobierno de Aragón para conocer cuáles son las dificultades que hay, qué documentación es la que solicitaron en su día, buscar su apoyo económico e institucional y, posiblemente, plantear alguna modificación en el proyecto". Modificación que se referiría, según apunta Sánchez, al periodo de funcionamiento del funicular. "La idea inicial era mantenerlo abierto todo el año, pero al parecer, en invierno no resulta aconsejable". Posiblemente, los 2.200 metros de altitud a los que asciende el Carretón, salvando un desnivel de 1.000 metros, sea uno de los escollos para su utilización en invierno.

Sin respuesta de Transportes
El ayuntamiento canfranqués aún no ha nombrado nuevo responsable del proyecto. Por ello, es el anterior concejal delegado del Carretón, Paco Coduras, el que cuenta en qué punto de la tramitación quedó paralizada la idea de modernizar y reutilizar una vieja infraestructura ya construida para uso turístico. "El proyecto se presentó a las consejerías de Medio Ambiente y Transportes, siendo en este último departamento donde están los escollos".
Coduras apunta que "Medio Ambiente sometió el proyecto a Impacto Ambiental, trámite que no era necesario, y en estos momentos está pendiente de resolución". En cuanto a la tramitación de Transportes, Paco Coduras comenta que "a los meses de remitir el proyecto, concretamente en septiembre de 2002, nos solicitaron más información, pero hay que tener en cuenta que lo que nosotros presentamos fue un proyecto báscio, bastante avanzado y con todos los aspectos bien valorados, que tenía que servir al Gobierno de Aragón como base para sacar el concurso para elaborar el proyecto constructivo". Fernando Sánchez mantiene esta misma versión.
Por su parte, el director general de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Aragón, Jesús Sánchez, comenta que "nosotros estamos a la espera de que nos remitan una serie de prescripciones que los técnicos solicitaron tras valorar el proyecto que nos mandaron y hasta la fecha no hemos recibido respuesta". Sánchez explica que al ser una instalación que se quiere poner en marcha a instancias de una empresa, aunque sea de capital mixto como es este caso, "el particular debe de solicitar a la comunidad que le dé la concesión de construcción, y para que sea así, hay que remitir un proyecto constructivo y sacar a concurso la explotación y construcción del sistema; pero sin esa documentación que solicitamos en su día, no se puede avanzar".

Consecuencias
Esta situación de bloqueo supone, además de no poder avanzar en el desarrollo de un proyecto cuyo coste estimado es de 7,81 millones de euros (1.300 millones de pesetas), la imposibilidad de llevar a cabo dos pasos muy importantes para que el nuevo carretón sea una realidad. Por un lado, Paco Coduras explica que "el acuerdo de cesión que rubricamos con ERZ afectaba al vehículo y a las vías, pero necesitamos un segundo convenio para que nos cedan otras infraestructuras, como las casetas de recepción en la salida y en la llegada".
Pero quizás lo que más preocupa es la imposibilidad de ampliar la sociedad FUNIPSA, creada para "canalizar todos los temas relacionados con el carretón y ente impulsor del proyecto", apunta Coduras. De momento, esta sociedad mercantil que se constituyó a finales de diciembre de 2002 cuanta con un único socio, el consistorio, y con un capital social de 145.000 euros. Pero la idea es abrir la sociedad a todo aquel que quiera tomar parte en ella pueda hacerlo. Tanto particulares como instituciones, ya que la idea es que la sociedad esté constituida con un 70% de capital privado y un 30% de público.