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Última actualización: 21 de mayo de 2019  11:59

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La DPH apuesta por la vía legislativa para luchar por las compensaciones hidroeléctricas

07-mayo-2019


El proceso para conseguir que parte de los beneficios de la explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos y de las reservas de energía reviertan en los municipios pirenaicos “debe centrarse en la vía legislativa que ya ha comenzado a amparar esta causa”. Asimismo, “tienen que tenerse en cuenta otras circunstancias como la despoblación o criterios de sostenibilidad”.

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Central de CampoEsta es la principal conclusión derivada de la reunión del grupo de trabajo sobre los saltos hidroeléctricos que se ha mantenido hoy en la Diputación Provincial de Huesca.

En la reunión del denominado grupo de trabajo “Agua y energía” han participado responsables de los departamentos de Secretaría, Tesorería y Asesoría Jurídica de la DPH, así como representantes de la Asociación Española de Municipios con Centrales Hidroeléctricas, de ADELPA y de los municipios afectados.  También ha estado presente en esta reunión el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Gracia. “Es hora de que estos temas no se resuelvan solo en los tribunales. Sin renunciar a esa vía, lo que pretendemos es llegar a amplios acuerdos dentro de un marco legal estable donde quede plasmada una justa restitución económica y social para los territorios afectados”, declaró Gracia al término de la reunión.

DPH Reunión Saltos HidroeléctricosEn el encuentro se ha analizado la situación actual de las zonas productoras de energía y de las zonas de regulación dentro de la cuenca del Ebro, después de la iniciativa parlamentaria aprobada por las Cortes Generales y de las distintas sentencias dictadas recientemente y de diferente naturaleza, que abren la puerta a cambios en la legislación.

Todos los presentes coincidieron en la necesidad de “retomar la cuestión tan pronto esté conformado el nuevo gobierno, con la meta de fijar una norma legal al más alto nivel”, por la que las reservas de energía y parte de los rendimientos vayan preferentemente destinados a los territorios cedentes.

Desde finales de los noventa, ADELPA, ayuntamientos y comarcas del Pirineo, vienen trabajando en un frente común para velar por los intereses de las zonas productoras de energía amparados en un convenio de colaboración con la propia Diputación Provincial. “No nos oponemos que  el Ministerio recupere las concesiones, pero debe hacerlo respetando a todos los titulares que conforman su explotación”, dice Miguel Gracia.

Las propuestas legislativas planteadas al respecto se concretan en cuatro:

Central de Barrosa1.- Inversión de un 20% del beneficio de las centrales hidroeléctrica para el desarrollo de las zonas afectadas.

2.- Reinvertir preferentemente en restitución territorial el valor de la denominada “reserva energética” estipulada en determinadas concesiones de las centrales hidroeléctricas.

3.- Revertir a través de la Ley de Montes las compensaciones lógicas por las instalaciones a favor de los titulares del dominio de Montes Públicos.

4.- En lo relativo a la ley de Haciendas Locales, de cara a suprimir la exención de IAE de las entidades de derecho público en el caso de explotación de aprovechamientos hidroeléctricos.

El grupo además trabaja en el estudio y análisis de la situación concreta de fechas de extinción y caducidad de cada una de las concesiones hidroeléctricas a los efectos de planificar actuaciones y, en su caso, reivindicaciones.

En lo referente a las líneas de transporte de energía, se plantea la posibilidad de que puedan tributar IBI con características especiales, así como en la redacción de un estudio que delimite los territorios afectados por estas líneas con bienes de dominio público ocupados.

Desde este grupo de agua y energía elaboran unas conclusiones de derecho comparado de la tributación local en la UE sobre las instalaciones de producción de energía hidroeléctrica. A día de hoy, ya existe una primera parte para llegar a cuantificar los diversos sistemas tomando como referencia la central de Lafortunada.

Los servicios jurídicos y de asistencia a municipios de la DPH también continúan defendiendo a las entidades locales pirenaicas por las sanciones de vertidos urbanos sin depuración entendiendo que no son responsables de la situación, al ser la depuración de los ríos obras declaradas de interés general en el Plan Hidrológico nacional.

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