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Así lo ha acordado hoy la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, que ha aprobado por 22 votos a favor y 15 abstenciones (fundamentalmente del PP) una iniciativa de Podemos, para que las personas obligadas a dejar sus hogares y sus tierras o sus herederos, recuperen lo que se les arrebató "a la fuerza". La Proposición No de Ley reclama al Gobierno el desbloqueo del proceso de reversión de propiedades reconociendo el principio de menoscabo.

Un emocionado Pedro Arrojo, diputado por Aragón de Podemos, ha recordado cómo los últimos habitantes de estos pueblos, concretamente de Jánovas, se vieron "obligados" a dejar sus casas, tierras y costumbres a base de que les llegaran a ser "dinamitadas" para construir un pantano en el río Ara "que nunca debió proyectarse por el desastre ambiental que suponía y nunca se construyó".

Arrojo ha recordado la "brutalidad" con la que fueron expulsados mayores o niños, sin dejarles siquiera recoger cosechas plantadas, para permitir este proyecto "que tenía por objetivo llevar agua a otros territorios y permitir a Iberduero levantar una central hidroeléctrica".

Cuando se canceló el pantano en 2012, la citada empresa había vendido los derechos a Endesa, que fue indemnizada con 12 millones más intereses, mientras "los afectados siguen sin ver revertido su patrimonio y ni ejecutado el Plan de desarrollo sostenible comprometido para el valle del Ara, el único río salvaje del Pirineo, defendió Arrojo.

Con esta aprobación “estaremos un poco más cerca de devolver la dignidad y resarcir el daño ocasionado a los vecinos y vecinas después de casi medio siglo de sufrimiento, atropello de derechos y destrucción del territorio y de la vida en Jánovas y su entorno. A fecha de hoy ni siquiera ha habido un gesto de disculpa por parte de las hidroeléctricas, ni del Gobierno”.

El texto acordado hoy por Podemos y PSOE exige al Gobierno que "reconozca la reversión de los patrimonios, así como el menoscabo causado, al no tratarse de ventas voluntarias sino forzadas por Iberduero para construir la presa".

Aunque en 2008 se abrió el proceso de reversión y en 2011 el Ministerio de Ambiente anunció su intención de aplicar el menoscabo, una década después, el procedimiento se encuentra estancado, entre otras cuestiones, por la intención de Endesa de cobrar a los antiguos vecinos el valor de las expropiaciones con el IPC acumulado, sin tener en cuenta que se expropiaron casas habitadas y propiedades en uso, y hoy se revierten ruinas.

Tanto la Administración como Endesa siempre se han negado a reconocer que fue la hidroeléctrica adjudicataria (Iberduero) la que destruyó los bienes (campos, casas, caminos...) y propició el llamado “menoscabo”.

La comisión exige que se superen los obstáculos administrativos que impiden la reversión (en el catastro o en el dominio hidráulico) y que el Ejecutivo apruebe un Plan de Desarrollo Sostenible para el entorno de Jánovas, que, además de las infraestructuras necesarias para restituir la zona afectada por el embalse, cuente con soluciones participadas por la población para volverlos a poblar.

La comisión ha acordado exigir a la empresa heredera de los derechos de los expropiadores (Endesa) financiar inversiones como la electrificación en la zona en compensación por el daño causado a estos municipios.