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Última actualización: 22 de febrero de 2018  16:02

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Depurar agua y responsabilidades

12-febrero-2018


La comisión de investigación constituida en las Cortes aragonesas para depurar responsabilidades políticas en el fiasco de la depuración de aguas en Aragón, especialmente en las comarcas pirenaicas, se ha dado un plazo de dos semanas para acotar las citaciones y poder dictaminar antes de que acabe el año.

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Depurar agua y responsabilidadesEn la reunión que se celebró la semana pasada, los miembros de la comisión advirtieron un exceso de comparecientes que podría quintuplicar la duración prevista. Los grupos habían solicitado la comparecencia de más de 200 técnicos y cargos políticos, algo que podría eternizar la comisión. La coordinadora de la comisión, Marta de Santos (Podemos) emplazó a los grupos a concretar los criterios “sin vetos” y a fijar un tope temporal al que remontarse, que debería situarse en la aprobación del plan especial de saneamiento y depuración de 2004.

La comisión buscará como prioridad que las personas llamadas a declarar “puedan aportar información relevante y no solo opiniones políticas”. Para De Santos, es “evidente” que se citará a los responsables políticos de los planes de depuración (consejeros de Medio Ambiente y ministros), a los directivos de las empresas públicas directamente relacionadas con su puesta en marcha (Instituto Aragonés del Agua, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Sarga y Sodemasa), a los miembros de las mesas de contratación, a las empresas adjudicatarias de las plantas, a los técnicos que las diseñaron y a los alcaldes que mantienen litigios con las distintas administraciones.

Alfredo Boned y Alfredo CajalLa comisión de investigación fue promovida por Podemos a raíz del informe de la Cámara de Cuentas que advertía de que estaban previstas 1.513 plantas  y que a finales de 2015 solo estaban en servicio 255, con un coste de 3.200 millones financiados con el Impuesto de Contaminación de las Aguas. La Cámara de Cuentas cuestionó la decisión de privatizar el diseño, construcción y mantenimiento de las plantas, que cuadriplicó los gastos, y advertía de una desviación de dinero público que podría obligar al Gobierno de Aragón a devolver al Ministerio de Medio Ambiente 117 millones de euros.

Aquel dinero que gestionó el gobierno PSOE-PAR (Alfredo Boned era el consejero de Medio Ambiente y Alfredo Cajal, director del Instituto Aragonés del Agua, ambos del PAR) se desvió discrecionalmente y se repartió entre 500 ayuntamientos para realizar obras que no tenían relación con las infraestructuras de depuración.

El actual Gobierno PSOE-CHA paralizó el proceso y regresó al modelo de gestión pública para las plantas depuradoras. Al mismo tiempo, la consejería de Joaquín Olona inició el proceso de rescisión de los contratos de concesión adjudicados en 2008 para los municipios del Pirineo que se había saldado con la construcción de 21 de las 296 plantas previstas.


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