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Última actualización: 20 de mayo de 2018  20:29

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Las instituciones se pisan la manguera con los bomberos

23-enero-2018


La situación de los servicios de extinción de incendios en la provincia de Huesca, en muchos casos en situación “alegal” y exceptuando la ciudad de Huesca, con una evidente escasez de efectivos y recursos, continua -desde hace años- bloqueada.

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Las instituciones se pisan la manguera con los bomberos Cuando parecía que tras varios años de desencuentros y negociaciones, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca alcanzaban un acuerdo para la creación de un consorcio provincial de bomberos adscrito a la institución provincial, esta ha recibido la advertencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública de que no está facultada para convocar plazas de bombero de acuerdo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Parece que solo el Gobierno de Aragón podría estar facultado para ello, algo que la DPH lleva años denunciando.

En la práctica, las comarcas altoaragonesas asumen desde hace años la encomienda del servicio de extinción de incendios por delegación del Gobierno de Aragón a través de agrupaciones de voluntarios que no cumplen con la llamada Ley del Fuego y que para la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón deja “desprotegidos” a los ciudadanos. Su presidente, Rodrigo Olmo, llegó a declarar la semana pasada que esa situación de indefensión, resumida en falta de profesionales e incumplimiento de los tiempos de respuesta, había provocado ya varias muertes.

Las instituciones se pisan la manguera con los bomberos En este contexto se producía la semana pasada la renuncia en bloque de los 45 voluntarios de Protección Civil de la Comarca de Sobrarbe y la entrega de sus equipos de extinción de incendios, ya que de acuerdo al decreto de la DGA que entró en vigor el 1 de enero, deberían estar supervisados por un bombero profesional, una categoría que no existe en Sobrarbe, y que solo podría aportarse desde alguna comarca vecina. Los voluntarios serían responsables de cualquier incidencia y eso, decían, “es algo que no podemos asumir”. Los voluntarios piden que se recalifiquen los puestos de los cuatro trabajadores de Protección Civil de la comarca que ejercen de bomberos, aunque no tengan esa categoría profesional.

Es un caso similar al de la Hoya de Huesca, donde la agrupación de bomberos voluntarios de Protección Civil y la institución comarcal dirimirán en un juicio el próximo 7 de mayo  si los tres trabajadores de Protección Civil de la comarca de la Hoya, que en un principio no estarían facultados para intervenir en incendios sin supervisores, son bomberos profesionales, como ellos reivindican, o no.

En el caso de Monegros, la única comarca que no dispone de un parque de bomberos como tal, la situación todavía es más rocambolesca, pues el parque está prácticamente acabado después de una inversión de casi 300.000 euros, pero no tiene fecha de apertura, pues no tiene personal asignado, ni posibilidad legal de asumirlo.

El asunto ha llegado a un callejón sin salida y mientras las instituciones central, autonómica y provincial se pisan la manguera entre sí, los ciudadanos carecen de un servicio adecuado, legal y profesional. Las agrupaciones de voluntarios han hecho en estos últimos diez años una labor encomiable, pero los profesionales tienen derecho a denunciar el intrusismo y los reiterados incumplimientos de la ley, y los ciudadanos, a su vez, a reclamar el servicio.


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