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Última actualización: 21 de septiembre de 2017  16:25

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La culpa es de la Confederación

27-febrero-2017


El Ministerio de Medio Ambiente reconoció el jueves en una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado de Podemos por Huesca, Jorge Luis Bail, que la central hidroeléctrica de Lafortunada Cinqueta no revertirá al Estado hasta el año 2018, once años después de caducar la concesión de aprovechamiento por 75 años. El Gobierno eludió su responsabilidad, señaló a la CHE y explicó que fue el Ministerio “el que urgió a la Confederación Hidrográfica del Ebro a que reiniciara el procedimiento”.

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Central de UrdicetoTeniendo en cuenta que la producción anual de la central de 40.000 kilovatios de potencia ubicada en los municipios de Plan, San Juan de Plan y Gistaín es de 4,1 millones, la pérdida para las arcas del Estado se estima en torno a los 45 millones.

El Ministerio aclaró que una vez revertidas las instalaciones, estas se adscribirán a la CHE y que “en absoluto” se contempla que la explotación revierta al territorio, tal y como demandan los ayuntamientos afectados, la Diputación Provincial de Huesca, Adelpa y el Gobierno de Aragón. La respuesta precisa también que será la resolución final la que determine las obligaciones de Endesa por los once años de explotación añadidos a la concesión. La empresa solicitó una prórroga como compensación a la no construcción de la central de Jánovas.

La batalla legal entre administraciones públicas por las reversiones de centrales hidroeléctricas enfrenta a la Confederación Hidrográfica del Ebro –y el Ministerio de Medio Ambiente al que pertenece- con los ayuntamientos afectados, representados por la Diputación Provincial, que reclaman que las instalaciones ubicadas en montes de utilidad pública reviertan a los municipios y que la concesionaria futura abone las tasas correspondientes, además de solicitar la restitución territorial a través de la participación en los beneficios o por los fondos de la llamada energía reservada. El Gobierno de Aragón se ha sumado a las peticiones municipales y en la última Junta de Gobierno de la CHE solicitó le dé trámite de audiencia.

En estos momentos se tramitan las reversiones de los saltos de Urdiceto y Barrosa, en Bielsa, de Lafortunada y de la Auxiliar de Campo, aunque en un periodo de diez años caducarán prácticamente todas las concesiones pirenaicas. Hasta la fecha, la única central revertida ha sido la de El Pueyo, en Panticosa, en un trámite desarrollado por el anterior equipo directivo de la Confederación que el actual ha dejado en entredicho. Los municipios afectados en Lérida y Huesca han constituido la Federación de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses para defender sus intereses comunes y han creado la web http://reversioncentraleshidroelectricas.com/ para compartir información. 

Raimundo LafuenteTres de los trece pueblos del Ayuntamiento de Tella Sin, donde se ubica la central de Lafortunada-Cinqueta, Miraval, Estaroniello y Revilla, carecen de red eléctrica, y se suministran a través de placas solares. El Instituto Aragonés del Agua, en su reivindicación de una restitución territorial para los municipios afectados, pone como ejemplo la que realiza Électricité de France (EDF) con los municipios propietarios del monte del ibón de Estanés, la Mancomunidad Forestal Ansó-Fago.

La pugna jurídica se antoja larga y “caso por caso” y es previsible que se dirima en los más altos tribunales, pues ninguna de las partes parece dispuesta a ceder. En medio de la polémica entre la Confederación y el territorio asoma también el enfrentamiento entre el organismo de cuenca y una veintena de municipios sin depuradora, a los que ha confirmado multas de hasta 6000€ que también se dirimirán por la vía judicial. Tanto la DPH, como el Gobierno de Aragón apoyan también a los ayuntamientos en este enfrentamiento.

Hace tan solo un par de años, con el equipo de Xavier de Pedro al frente de la CHE, las relaciones entre esta y los municipios pirenaicos pasaban por uno de sus mejores momentos. Hoy todo ha cambiado. Para muchos, la Confederación es hoy el enemigo público número 1 de la montaña aragonesa.

En este sentido, destaca la queja formal presentada ante el Defensor del Pueblo por la Asociación de Entidades Locales del Pirineo aragonés (Adelpa), que se ha dirigido al organismo de cuenta hasta en nueve ocasiones y ha obtenido el silencio por respuesta. Adelpa, que representa a 108 municipios y 4 comarcas, califica la actitud de la CHE de “absolutamente impropia de una administración pública”. “No nos había pasado con ningún otro presidente”, declaró el presidente de Adelpa, Pablo Castán, en referencia a Raimundo Lafuente. Adelpa también ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo que vela por la Ley de Transparencia. 

Fotos: arriba Central de Urdiceto. Abajo Raimundo Lafuente

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