La entidad que aglutina a los ayuntamientos y comarcas del Pirineo aragonés ha trasladado al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y a la Directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, el “frontal rechazo” que el plan genera en los municipios pirenaicos por “muy diversos motivos”:

Sobredimensionamiento de las instalaciones, falta de sostenibilidad económica y ambiental  de las mismas, desacuerdo con las soluciones técnicas adoptadas que no contemplan opciones (filtros verdes) mucho más sostenibles para las dimensiones de los núcleos de población, paralización total de actuaciones en poblaciones que llevan pagando el canon de saneamiento (ahora impuesto sobre contaminación de las aguas) desde el año 2009…

Además del modelo constructivo, los municipios se oponen a las fórmulas fiscales que estas obras llevan aparejadas. En la asamblea de Adelpa algunos ayuntamientos que ya tienen construida su depuradora expresaron su descontento, ya que su nueva instalación da entrada a aguas residuales pero también a aguas pluviales y de manantiales, por lo que han visto incrementado el importe del canon de vertido que les cobra la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Las obras están declaradas de interés general por el Plan Hidrológico Nacional y el Plan de la Cuenca del Ebro y tenían financiación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a través de un convenio por importe de 169 millones de euros que finaliza en diciembre de 2015, y después de siete años desde la firma del convenio están sin ejecutar en su mayoría. Los contratos para la construcción y explotación de estas depuradoras se adjudicaron en 2009 y su plazo de ejecución era de 2 años.

Los ayuntamientos del Pirineo no comprenden el sistema de contratación que supone la concesión de la explotación de las depuradoras durante 20 años a las empresas adjudicatarias a partir de cálculos que parecen claramente inviables económicamente.

Por todo ello, la asamblea acordó por unanimidad solicitar al Gobierno de Aragón la paralización de todos los proyectos de depuradoras del Pirineo incluidos en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración que no estén iniciados y la revisión de “los contratos adjudicados en todas las obras de depuración no ejecutadas, para su rescisión en la parte que no se ha llevado a cabo, todo ello hasta la aprobación de un nuevo Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, redimensionado conforme a la realidad y a las circunstancias actuales”.