El compromiso adoptado en noviembre de 2012 por parte de la CHE, la DPH y el Gobierno de Aragón de invertir 24 millones de euros hasta 2016 en la recuperación de los pueblos afectados por el proyecto (Lavelilla, Lacort, Ligüerre de Ara, Albella, Planillo, San Felices, Javierre y Santa Olaria) es también papel mojado. El año 2016 está a la vuelta de la esquina y solo la CHE ha cumplido parte de su compromiso al iniciar los trabajos de retirada de la ataguía (presa) que desviaba el cauce.

Hasta la fecha solo 11 de los 133 expedientes abiertos a raíz de las solicitudes de reversión, una vez legitimado el demandante, se han resuelto con la firma del acta de pago y ocupación, tras alcanzar con Endesa (heredera de Iberduero) el precio de la reversión, según informaba Heraldo el pasado mes de julio.

La única vivienda que se reconstruía hace apenas un mes era la de Casa Castillo, de la familia Garcés, los últimos habitantes de Jánovas y los primeros que han tratado de regresar. El Ayuntamiento de Fiscal solo había recibido en julio tres peticiones de desescombro y consolidación. Los vecinos temen invertir en un pueblo que no tiene los servicios mínimos exigibles, y el ayuntamiento se ha dirigido a Endesa para que respete las ordenanzas y mantenga los inmuebles. La hidroeléctrica mantiene quince actuaciones en Santa Olaria y Javierre de Ara, todavía suelo urbano, pero no está obligada a consolidar las casas de Jánovas porque la figura legal de la localidad es de núcleo deshabitado.

Los tres expedientes que acudieron al Jurado de Expropiación por desacuerdo en el precio con Endesa se han resuelto a favor de la compañía, que asegura por otra parte que hay bastantes acuerdos que solo están pendientes de la firma. En medio de este proceso burocrático están los vecinos, que demandan a la Confederación y las dos instituciones implicadas (DGA y DPH) que ejecuten el plan de recuperación al que se habían comprometido para desatascar una situación secular de abandono y desprotección.