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El punto trigésimo del informe de la Comisión Europea es especialmente clarificador: “La información disponible facilitada por las autoridades españolas es contradictoria respecto a la gravedad de los efectos potenciales del proyecto sobre el estado de las masas de agua afectadas. Esto demuestra que la evaluación del riesgo de deterioro está incompleta, y que existen incertidumbres en relación con el impacto del proyecto en la consecución de los objetivos medioambientales de la Directiva”.

La Comisión estima que la información aportada en el anteproyecto es “confusa y contradictoria” y detalla los incumplimientos del artículo 4 de la Directiva del Agua. Ni se motiva adecuadamente el proyecto, ni la Declaración de Impacto Ambiental o el Plan Hidrológico Nacional adoptan las medidas necesarias para paliar el impacto sobre el río, ni se entiende lógica que la declaración de interés general (1992) esté fechada ocho años antes de la Directiva del Agua (2000) y justifique el embalse como medida ¡urgente! contra la sequía. La Comisión estima “inválida” la declaración de interés general y cuestiona la justificación del embalse como herramienta para restaurar caudales ecológicos.

El informe no entiende que la deficiencia en caudales ecológicos del río Gállego motivada por la gestión de los embalses aguas arriba o por extracciones excesivas, sirvan para justificar el interés del embalse y acusa al gobierno español de soslayar la Directiva del Agua al no plantear un estudio de alternativas.

Tras conocerse el informe, los alcaldes de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego, contrarios al proyecto, comparecieron conjuntamente para expresar su convencimiento de que el proyecto “tienen los días contados” y exigir dimisiones entre los altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y la CHE ante lo que consideran “una chapuza y un despilfarro de dinero público”. Los alcaldes afectados acusaron al Gobierno de España de “ocultar durante cuatro años la investigación iniciada por la UE en 2011 y advirtieron de la multa millonaria a la que se enfrenta España si se aprecia al final del proceso un incumplimiento del derecho comunitario.

Los tres ayuntamientos han denegado los permisos de entrada a fincas para realizar sondeos a la sociedad estatal Aguas de las Cuencias de España. Tanto Riegos del Alto Aragón, como la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, aseguraron por su parte, que todavía se está a tiempo de corregir los fallos.