Así lo reconoció posteriormente el Ministerio de Defensa, que ya ha anunciado que dará los pasos necesarios para enmendar el error. Por su parte, la empresa propietaria, que tiene previsto desarrollar una iniciativa turística de segunda residencia –apartamentos- se considera “pagana” de la situación, tal y como ha expresado a los medios de comunicación. Ejército y empresa han mostrado su sorpresa de que el consistorio no se percatara de la situación legal de los terrenos, pues las negociaciones se habían alargado durante cinco años. Al parecer, Defensa asumirá los gastos derivados de la modificación de la propiedad, pero no a devolver el dinero.

La situación obliga ahora a negociar a consistorio y empresa, que mantienen diferencias sobre el destino del fuerte, ya que el ayuntamiento es más partidario de una infraestructura hotelera que la empresa ve inviable. La posibilidad de una venta simbólica o de permuta de usos y terrenos están ahora sobre la mesa.