La instalación de filtros en los municipios ribereños ha impedido que el agua contaminada pase a la red de consumo humano, y los recientes episodios de lluvias han evitado que se utilice agua de los embalses de La Peña y La Sotonera para riego aguas abajo, por lo que las afecciones no han sido tan graves como en el verano de 2014 –el primer episodio y el más grave- y en octubre de ese mismo año, cuando el consejero de Medio Ambiente llegó a hablar de “sabotaje”. Ese extremo fue descartado por la Guardia Civil, que achacó el colapso de una arqueta a la “dejadez” en las obras y el mantenimiento de las instalaciones.

Aparte de la vía administrativa, el Juzgado nº 1 de Jaca continúa con la instrucción de las denuncias de CHA y Ecologistas en Acción por presunto delito medioambiental durante el traslado de los residuos que afectaría a la UTE encargada de los trabajos y al propio Gobierno de Aragón. Según el informe redactado por parte del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por FCC Ámbito y Adiego Hermanos, “intentó destruir pruebas” que pudieran implicarle en la contaminación del río provocada por unos trabajos que estuvieron plagados “de acciones negligentes e imprudentes”. Así consta en el informe entregado al Juzgado de Instrucción nº1 de Jaca.

El Seprona entiende que el conjunto de “imprudencias e irresponsabilidades” puede achacarse tanto a la UTE, como a Sarga, la empresa pública que asumió la dirección facultativa de los trabajos, y el Gobierno de Aragón. El duro informe valora la falta de previsión en la retirada del residuo tóxico altamente contaminante y la “falta de observación y aplicación eficiente de medidas correctoras y de seguridad”, además de atribuir “irresponsabilidad y falta de cumplimiento estricto” de controles y protocolos que provocaron hasta trece irregularidades distintas en el proceso, que primó los plazos sobre la seguridad.