La Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por FCC Ámbito y Adiego Hermanos, según el Seprona, “intentó destruir pruebas” que pudieran implicarle en la contaminación del río provocada por unos trabajos que estuvieron plagados “de acciones negligentes e imprudentes”. Así consta en el informe entregado al Juzgado de Instrucción nº1 de Jaca que se encarga de la investigación abierta a raíz de las denuncias de Ecologistas en Acción y CHA. La UTE trató en reiteradas ocasiones “de eliminar con ánimo de ocultación” tierras del vertedero y el barranco de Bailín.

El Seprona entiende que el conjunto de “imprudencias e irresponsabilidades” puede achacarse tanto a la UTE, como a Sarga, la empresa pública que asumió la dirección facultativa de los trabajos, y el Gobierno de Aragón. El duro informe valora la falta de previsión en la retirada del residuo tóxico altamente contaminante y la “falta de observación y aplicación eficiente de medidas correctoras y de seguridad”, además de atribuir “irresponsabilidad y falta de cumplimiento estricto” de controles y protocolos que provocaron hasta trece irregularidades distintas en el proceso, que primó los plazos sobre la seguridad.

El Gobierno de Aragón, que sostuvo con vehemencia que los trabajos se habían hecho con “escrupuloso respeto a los protocolos” y que defendió a las empresas durante meses se despachó ayer por medio de su portavoz, Bermúdez de Castro, que aseguró van a encargar un “estudio minucioso”, cuando lo que parece es que el estudio ya lo ha realizado el Seprona y lo que debería hacer el GA es asumir responsabilidades y entonar el “mea culpa”. El Consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, tan locuaz durante la crisis del lindano, que llegó a acusar a la CHE de la situación, guarda silencio ahora.