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La denuncia por aportación de fondos públicos a Aramón podría llegar a Europa

19-febrero-2014


El continuo aporte de fondos que el Gobierno de Aragón realiza a Aramón, incurriendo en la figura de Ayudas de Estado podría llegar a Europa. La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón ha anunciado que está estudiando la presentación de una denuncia ante la Comisión Europea, ya que se trata “de una práctica prohibida por la normativa comunitaria y perseguida por la Unión Europea”. El colectivo considera que se trata de “una herramienta para que se fuerce la necesaria reorientación del modelo de desarrollo del Pirineo y el ruinoso planteamiento del negocio del esquí”.



FOTO: La Plataforma estudia llevar las ayudas a Aramón a Europa y se felicita por la sentencia de Montanuy, que impedirá la ampliación de Celer.
La Plataforma ha realizado este anuncio, con el que respalda de decisión de la estación de Astún de demandar a Aramón por “competencia desleal, abuso de posición dominante en el mercado y percepción de ayudas ilegales” – leer la información- , en un comunicado en el que también se congratula por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, con el que se iba a financiar la ampliación de Cerler.

Para el colectivo el continuo aporte de fondos que el ejecutivo aragonés realiza en Aramón supone incurrir en la figura de Ayudas de Estado, “práctica prohibida por la normativa comunitaria y perseguida por la Unión Europea”, indican. Pero tienen esperanzas de que la denuncia, si finalmente se presenta, llegue a buen puerto, ya que cuentan con el antecedente de la Ciudad de la Luz de Valencia, “que ha sido obligada a devolver todos los fondos aportados por el Gobierno valenciano”. Para la Plataforma se trata de “una herramienta para que se fuerce la necesaria reorientación del modelo de desarrollo del Pirineo y el ruinoso planteamiento del negocio del esquí”.

Por ello, el colectivo se felicita por la sentencia que declara ilegal el PGOU de Montanuy y asegura que “aunque sea recurrida por casación, el plan no dejará de ser un zombi jurídico”. La Plataforma explica que “cualquier actuación que se pretendiera llevar a cabo al amparo de un Plan anulado y pendiente de resolverse en casación ante el Tribunal Supremo, podría dar lugar a graves responsabilidades patrimoniales para el ayuntamiento si autoriza actuaciones, en el caso de que se desestime el recurso”.

También aprovechan la oportunidad para aclarar que no es cierto que el PGOU se haya anulado por un “defecto de forma”, tal y como señalado el Gobierno de Aragón. “El Tribunal señala acertadamente que el plan ignora el alto valor ecológico de la zona en la que se actúa” Y estiman que la ausencia injustificada de una Evaluación Ambiental Estratégica “distorsiona profundamente el contenido del documento permitiendo unas desmesuradas superficies urbanizables”, por lo que plantear un nuevo plan con las mismas superficies sería “un verdadero disparate”, igual que considerar la Evaluación Ambiental Estratégica como “un mero trámite formal”.

La Plataforma estima que el PGOU de Montanuy “está seriamente amenazado”, porque el Plan General caduca el próximo mes de septiembre y la Declaración de Impacto Ambiental caduca, “por segunda vez”, en diciembre. Por ello, la agrupación señala que lo único que se ha logrado hasta la fecha ha sido “dilapidar 30 millones de euros, que el municipio haya perdido 100 habitantes por el bloqueo de cualquier opción de desarrollo y desencadenar una marea especulativa en el municipio, impidiendo que nadie pueda plantearse ir a vivir allí”.

Ayuntamiento
Por su parte, el Ayuntamiento de Montanuy acordó ayer en pleno recurrir ante el Supremo la sentencia de su PGOU. La sesión, que no estuvo exenta de tensión, finalizó con los votos a favor de presentar el recurso de los cuatro concejales socialistas que forman el actual equipo de gobierno y uno de los dos del PAR, el segundo no acudió a la sesión, mientras que el de CHA votó en contra.

En el pleno participó también el abogado de la corporación municipal para dar a conocer los pormenores de sentencia, limitándose a indicar que el motivo es la ausencia de un informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación. Sin embargo, el concejal de CHA, y miembro de Naturaleza Rural, que llevó el PGOU ante la Justicia, Luis de la Infanta, explicó que “los concejales de los demás partidos creen que es como si faltara un sello o una póliza en el proyecto, pero el fallo es mucho más profundo y afecta a la sostenibilidad del plan”.


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