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El Estado dice que indemnizará a los desalojados de Yesa si hay “responsabilidad” de la administración

13-febrero-2014


El Gobierno central ha anunciado que indemnizará a las familias desalojadas de Yesa si los estudios que ha encargado el Ministerio de Medio Ambiente determinan que existe responsabilidad patrimonial por parte de la Administración General del Estado. Por el momento, el Gobierno ha abierto dos procedimientos de responsabilidad patrimonial sobre los desalojos de Yesa, que según Medio Ambiente, “son muy complejos”, y de los que se derivarán las indemnizaciones pertinentes, en caso de que así lo concluyan los estudios.



FOTO: Estado de alguna de las casas desalojadas.
 
Así lo aseguró ayer el Ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, en respuesta a una pregunta que en la sesión de control del Congreso le cursó el diputado de UPN, Carlos Salvador, sobre cuál iba a ser la actuación del Gobierno para resarcir a los propietarios de las viviendas de Yesa que han sufrido daños como consecuencia del deslizamiento de la ladera derecha que está teniendo la presa desde hace más de un año.

La pregunta, además, se platea cuando se cumple un año de los desalojos. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, los vecinos aún no saben cuándo van a poder regresar a sus casas, ni si lo van a poder hacer, ya que 54 de las 103 casas de las urbanizaciones Lasaitasuna y Mirador de Yesa –las desalojadas- permanecen cerradas por el estado de ruina irreversible en el que se encuentran.

Según Cañete, El Ministerio de Medio Ambiente está instruyendo dos procedimientos de responsabilidad, ya que, antes de adoptar nuevas medidas, “tiene que moverse en el marco del Estado de Derecho y en la normativa que regula su actuación”. Sin embargo, el ministro destacó que se trata de “expedientes complejos que exigen estudios exhaustivos para determinar si hay causalidad en los hechos acaecidos de las actuación de la Administración General del Estado”. Aunque, “el ministerio está avanzando en su tramitación con máxima agilidad posible”, apuntó Cañete.

Ambos estudios además de precisar la responsabilidad también plantearan las indemnizaciones pertinentes a las que tendrá que hacer frente el Estado en caso de que así lo concluyan los informes, ya que según Cañete, desde que se produjo el deslizamiento y los desalojos el Gobierno ha actuado “con la máxima diligencia siempre”.

Por su parte, el diputado de UPN solicitó al Ministro que elimine cuanto antes “la incertidumbre que viven las familias desde hace más de un año” y que aporte “las soluciones que garanticen de forma realista y urgente un compensación justa”.


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