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Los vecinos llevan a Europa la inseguridad de las obras de Yesa

MEDIO AMBIENTE

24-enero-2014


Las asociaciones Iniciativa Ciudadana Yesa+no, Río Aragón y Ura-Nueva Cultura han registrado en la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo una queja contra España en la que piden que se investigue lo sucedido en el entorno de Yesa desde junio de 2012, así como la gestión que están haciendo las autoridades competentes. También piden que la investigación incluya la seguridad de la actual presa y el proyecto de recrecimiento de la misma. Las agrupaciones creen comprobado que se ha vulnerado la normativa europea relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.



FOTO: Panorámica de los desmontes y actuaciones realizadas para intentar controlar los deslizamientos de la ladera de Yesa.  
En concreto, las asociaciones denunciantes estiman que se ha vulnerado la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007. Además, señalan que se han visto obligadas a dar este paso de acudir al Parlamento Europeo tras comprobar que el Estado español “no tiene ninguna intención de atender las demandas de precaución e investigación de la situación que la ciudadanía les ha hecho llegar”, indican las agrupaciones en un comunicado.

Los denunciantes recuerdan que “la situación de emergencia” vivida aguas abajo de la presa desde junio de 2012, y que “a día de hoy aún persiste”, no está teniendo, “ni de lejos”, la respuesta que la seguridad de las personas merece: “Es un acto de irresponsabilidad, tanto el Estado español como el Gobierno de Navarra han tratado de ocultar o relativizar los problemas de la ladera derecha y la posibilidad de graves accidentes aguas abajo de la misma”.

Como ejemplo de ese comportamiento de ocultación, las asociaciones recuerdan lo vivido en la comparecencia de los vecinos de las urbanizaciones desalojadas en Yesa en la comisión parlamentaria del pasado 8 de enero, cuando la parlamentaria de UPN, Mª Victoria Castillo, declaró que “desde el Gobierno de Navarra se procedió a llamar a los alcaldes de la zona de riesgo de inundación”.

Dichas declaraciones hace que las agrupaciones denunciantes se realicen las siguientes preguntas: “¿Hubo pues riesgo de inundación? ¿En qué momento? ¿Cuándo se avisó a los ayuntamientos potencialmente afectados? ¿En base a qué protocolo?”. Aunque ellos tienen claro que “existió y existe un alto riesgo de inundación” y que la gestión que están realizando las instituciones competentes “no estuvo ni está dirigida a minimizar estos riesgos sino a evitar que el futuro de la obre se vea comprometido si dejan traslucir el fondo del problema”.

Las tres asociaciones buscan conocer la información que hay “oculta” en los despachos de la CHE y el Gobierno de Navarra, “en pos de nuestra seguridad”. Pero también porque entienden que se ha traspasado “con mucho” la frontera de lo asumible en cuanto al riesgo y que el objetivo de los responsables, políticos y de las empresas implicadas en la obra, parece ser “huir de cualquier responsabilidad en los hechos que denunciamos”.

La RAPA también a Europa
Las tres asociaciones del entorno del embalse de Yesa no son las únicas que van a acudir a Europa. Los integrantes de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) también van a llevar una queja a Bruselas para que se signifique por la gestión del Plan de Saneamiento de Aragón, incluido el Plan del Pirineo. Cabe recordar que numerosas localidades están en contra de un plan que les obliga a pagar un alto precio por una depuradora que en muchos casos aún ni se empezado a construir, por lo que no tienen servicio por el que están pagando.

Numerosos ayuntamientos de toda la comunidad aragonesa van a tratar la queja a Bruselas en sus respectivos plenos municipales, igual que lo harán con otra queja que remitirán al Justicia de Aragón. Ambos asuntos se acordaron en la primera asamblea ciudadana que organizó la RAPA ayer en Zaragoza y a la que acudieron un centenar de personas, entre ciudadanos y representantes municipales, entre los que se encontraban algunos del Pirineo, como los alcaldes de Bielsa, Plan y Sahún, y representantes de Artieda, Benasque y Murillo de Gállego, entre otros.

En la asamblea se presentó y se firmó el documento de modelo de gestión pública participativa sobre el ciclo del agua, el primero que se suscribe en España y que, además de rechazar la gestión privada del agua, se plantea como un punto de partida para que los ciudadanos puedan decidir y trabajar para gestionar de la mejor manera posible el agua.


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