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 Muchas
son las dudas que está levantando el proyecto de Ley del
Pirineo que
la pasada
semana aprobó el Gobierno de Aragón, y con la que
el ejecutivo quiere conjugar ordenación, protección
y desarrollo, en un ecosistema considerado frágil y sometido
a múltiples presiones.
La no introducción de una ecotasa
o impuesto similar que grave la degradación
ambiental de algunos usos y aprovechamientos en la cordillera,
el tratamiento diferenciado que reciben
los ayuntamientos pirenaicos y la falta
de concreción son algunas de las críticas
que han surgido en el territorio donde se quiere aplicar dicha Ley.
Aunque sin duda, la crítica más reiterada es la que
han señalado todos los consultados:
"Desconocemos lo que han aprobado exactamente, ya que el borrador
lo están remitiendo con mucha tranquilidad".
La
elaboración de una Ley del Pirineo fue uno de los compromisos
que adquirió el presidente aragonés, Marcelino Iglesias,
en su investidura. Sin embargo, la iniciativa partió de la
Asociación de Entidades Locales
del Pirineo Aragonés (ADELPA), quien elaboró
en el año 1999 un documento
de puntos mínimos que tendría que incluir dicha norma.
 El
primer borrador levantó
ampollas entre los ayuntamientos pirenaicos, ya que según
señalaron los alcaldes entonces consultados, "de las
44 páginas que se compone el primer avance de contenidos,
la mayor parte de lo que ahí se expone se refiere a la protección
y conservación del Pirineo, pero se echa en falta medidas
que promuevan la inversión y el desarrollo de las personas
que vivimos aquí".
El proyecto aprobado actualmente contempla
diferencias sustanciales con ese primer borrador. Sin
embargo, y a pesar de desconocer con exactitud el contenido de dicho
anteproyecto, existe una sospecha generalizada entre numerosos ediles
pirenacios: "La Ley se está elaborando en función
del proyecto olímpico y no en función del desarrollo
del Pirineo".
Aunque no todo son críticas. Pedro
Santorroman, presidente de ADELPA, ha señalado
que "por lo que a mí me han
transmitido, la mayoría de las peticiones de la asociación
están contempladas; si es así, la Ley tendrá
nuestro apoyo; de lo contrario, se podrá mejorar mediante
la introducción de enmiendas parlamentarias".
Ecotasa
Uno
de los puntos más conflictivos en
este proyecto de ley ha sido el establecimiento
de una ecotasa o un impuesto que grave la degradación ambiental
que producen en el territorio algunos usos, como las estaciones
de esquí alpino, pero no exclusivamente.
Este tema, que ya en su día generó muchas posturas
encontradas, se contempla en una disposición adicional que
señala que "en caso que mediante
ley de Cortes de Aragón se creen en la comunidad autónoma
impuestos de finalidad ecológica, la recaudación correspondiente
a aquellos hechos imponibles realizados en el territorio afectado
por esta ley se vinculará al Programa de Desarrollo sostenible
del Pirineo aragonés". Por lo tanto, este
tema ha sido excluído de la normativa y se tramitará
por otra ley y otro procedimiento, en un futuro.
Las posturas de los diferentes
representantes pirenaicos en este sentido son diversas. Para Santorromán
es "más racional que este tema
se trate en otra ley, ya que se había convertido en la dinanade
la propia ley y, fiscalmente hablando, también resulta más
racional". Además, el presidente de ADELPA
explica que "la asociación
está desarrollando un estudio para ver qué actividades
o usos se podrían incluir en la ecotasa, pero mi opinión
es que hay actividades que no generan riqueza, pero sí un
gran impacto; por lo tanto habría muchas otras actividades,
antes que gravar a los turistas".
José Luis Sánchez, alcalde
de Sallent de Gállego y una de las voces más
favorables a la ecotasa, explica que "con
este impuesto lo que se pretendía lograr es que la ley se
autofinancie, que exista una fuente de financiación directa
y que surja de la riqueza que generamos en el territorio".
En su opinión, sin esta autofinanciación, "la
ley nace coja, estamos haciendo juegos florales y nos quedamos en
una mera declaración de intenciones".
Víctor López, alcalde de
Canfranc, comenta que "estos
asuntos deberían incluirse en una Ley de Acompañamiento
fiscal que se tramite con la Ley del Pirineo, pero no tiene porqué
afectar exclusivamente al macizo pirenaico, ya que hay otros lugares,
como el Moncayo, a los que también tendría que afectar".
Para Alfredo Solano, presidente
de la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento
de Yesa, "este no es un impuesto exclusivo
del esquí, hay otros aprovechamientos y usos que también
generan impactos".
| Política
hidráulica |
Apoyo
a Jaca 2010 |
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El
capítulo primero del proyecto está dedicado
a la política hidráulica.
En este sentido, el anteproyecto señala que "la
iniciativa para la declaración de obras hidráulicas
de interés general en ningún caso podrá
solicitarse para la realización de infraestructuras
que supongan la inundación de núcleos urbanos
habitados de forma legítima".
El presidente de la Asociación Río Aragón
se pregunta: "¿Qué
ocurre con las obras que ya están declaradas de interés
general? Porque los embalses proyectados en el Pirineo ya
cuentan con esa calificación". Asimismo,
Alfredo Solano señala que "nuestras
propuestas eran que, además de los proyectos que supongan
la inundación de núcleos, los proyectos que
afecten al 10% de un término municipal deben llevar
medidas correctoras".
En el proyecto también se hace referencia a los planes
de restitución territorial. Sobre esto, Solano es tajante:
"Hay que hacer una cuantificación
de lo que ha supuesto en el territorio la política
hidráulica llevada hasta ahora y desarrollar los planes
de restitución en base a esa política que se
ha venido haciendo hasta hoy, y no tomar como base lo que
se va a hacer a partir de ahora".
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El
apoyo a la candidatura olímpica de Jaca 2010 está
recogido expresamente en el proyecto señalando que
"las medidas de desarrollo de la Ley deberán ser
compatibles con el obejtivo de conseguir la celebración
de los Juegos Olímpicos de 2010, para los que la ciudad
de Jaca es la candidata del Comité Olímpico Español".
Este apoyo e impulso había sido descartado en anteriores
borradores y el actual proyecto lo ha incorporado tras la eleción
del COE.
Para la mayoría de los ediles
y representantes del Pirineo esta inclusión supone "que
la Ley se está haciendo en función de la candidatura
y es una manera de justificarla y de articular el territorio
bajo este prisma olímpico". Sin embargo,
este apoyo a las aspiraciones olímpicas ya ha sido cuantificado:
2.600 millones de euros, incluyendo los 855 millones que supone
la propia organización de los Juegos y de los que el
80% tendría que venir de manos privadas.
Según el consejero de presidencia,
José Ángel Biel, la financiación tendría
que ser negociada entre los gobiernos
central y autonómico, y se contará
con fondos europeos. Pero, de momento, y según el propio
Biel, los procentajes que asumiría cada ejecutivo no
se han fijado, y se desconoce qué cantidad podrían
aportar los fondos europeos. |
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 Ayuntamientos
con minoría de edad
Pero
la Ley también está recibiendo otras críticas
como la que realiza el alcalde de Canfranc, Víctor
López: "Yo tengo miedo de que sea una ley que
corte las alas a los ayuntamientos
pirenaicos, ya que en algunos aspectos se nos trata
como si fueramos menores de edad y se nos quitan competencias
propias de los municipios".
Ese tratamiento, según López, se aprecia perfectamente
en el capítulo dedicado a la ordenación urbanística,
donde se describen tanto normas de aplicación directa
como normas de obligatoria inclusión en el planeamiento
general. "¿Por qué se nos tiene que obligar
a incluir una serie de normas a los ayuntamientos del Pirineo
y no al resto de la comunidad autónoma?", se pregunta
López. "Parece como si la Ley estuviera en contra
de los intereses de los propios consistorios pirenaicos".
Y es que esta queja de "falta de respeto" tiene
una justificación, ya que si estas medidas de obligado
cumplimiento llegan a rango de Ley, numerosas localidades,
por poner un ejemplo, que acaban de aprobar su Plan de Ordenación
Urbana deberán incluirlas y remodelar unos planes que,
en muchos casos, han supuesto largos meses, e incluso años,
de realización.
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