Cuando explicamos a los emprendedores las posibles vías de comercialización se contempla a la Administración Pública como un potencial cliente. Las últimas décadas nos han demostrado una nueva forma de “hacer negocio” con la Administración: la responsabilidad patrimonial del Estado. En palabras más sencillas, el Estado se hace cargo de las pérdidas o costes o el negocio fallido que el propio Estado propuso. Ejemplos sobran desde las autopistas de peaje radiales hasta el depósito subterráneo de gas “Castor”. Digamos que se desarrolla así, con o sin litigio: se contrata la obra, se hace (o no llega a hacerse) y al quedar demostrado que no funciona o no sirve, se indemniza y la infraestructura queda abandonada e inútil o a medias y sin terminar. La responsabilidad es del Estado y la empresa es resarcida de los perjuicios y cobra por una obra no hecha o una obra que no sirve.

Con el embalse de Biscarrués, parece apuntarse hacia algo parecido. Se elabora un estudio oficial de impacto ambiental que es recurrido en la Audiencia Nacional, y en lugar de esperar la sentencia, se sigue dando pasos. Se redacta el proyecto con la colaboración de la Administración y el futuro beneficiario que es Riegos del Alto Aragón. Lo siguiente en la agenda sería licitar y adjudicar las obras a una empresa que empezaría a construirlo. En algún punto a mitad del proceso, como es previsible, se dictaría la sentencia que posiblemente lo anulará... ¿Y qué hacemos? Con toda obviedad, habrá que indemnizar a la contratista, pagando los contribuyentes de infantería. Los otros que no van a pie, ya sabemos que tienen diversas herramientas para reducir la factura.

El embalse de Biscarrués está en la incubadora de “castores” y sumando puntos para un nuevo desastre de los fondos públicos. Las cotas no cuadran, las previsiones de máximo llenado son ínfimas, el impacto ambiental está en los tribunales, las laderas son inestables… Unos ingredientes perfectos para cocinar un nuevo “Castor” que pagaremos entre todos y no beneficiará a nadie. O incluso para acabar contribuyendo y financiando otra modalidad de “negocio”: los reformados y parches sin final y sin resultado, que multiplican el presupuesto inicial. Nadie se acuerda tampoco del embalse de Montearagón, cuya primera piedra, y la segunda y la tercera y… han cumplido 22 años de inutilidad.

Así pues, el negocio ha evolucionado. A los futuros emprendedores les enseñaremos que el negocio no está sólo en trabajar para la Administración Pública y ofrecer los mejores bienes y servicios a buen precio, sino que también está en lo contrario: conseguir el peor encargo para cobrar el mejor precio por no trabajar o por engorde de la obra. Ante esa perspectiva, cualquier apelación o enseñanza acerca de la tan traída y llevada Responsabilidad Social Corporativa, sonará a hueco. Palabras vacías si no incluyen una dosis de honestidad colectiva tanto por la parte administrativa que lanza irresponsablemente estas actuaciones, como en cierta manera, por la parte privada que las acepta sin miramiento o quizá confiando ciegamente en aquel eslogan publicitario, ya desmentido a la vista de la experiencia: “con la garantía del Estado”.

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José Antonio Casaucau Morláns
Alcalde de Santa Eulalia de Gállego