La Ley tiene por objeto reconocer la pluralidad lingüística de Aragón y garantizar a los aragoneses el uso de sus lenguas y modalidades lingüísticas propias. Establece el procedimiento para declarar las zonas de utilización de estas lenguas y crea el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, como un órgano consultivo para el desarrollo de la política lingüística.

Cabe recordar que el mayor escollo de esta normativa residía en la declaración como co-oficiales o no del aragonés y el catalán. Finalmente, estas lenguas son reconocidas como propias de Aragón, pero no son oficiales, y se deja su uso a la voluntariedad de la población, incluyendo su estudio. En el caso de los escolares, serán los padres los que establezcan si sus hijos estudian el aragonés, el catalán o ninguna, teniendo la administración la obligación de impartirla.

También establece el derecho a que los ciudadanos se dirijan en su lengua propia a las administraciones aragonesas, incluidas las Cortes y el Justicia de Aragón, que deberán disponer de los medios para la traducción y respuesta al interesado en la misma lengua. En cuanto a los topónimos, el texto de la ley recoge que sólo tendrán una denominación y ésta será la que tradicionalmente se use en el territorio.

En el debate de la ley, el PAR calificó de “terrible error” la aprobación de la normativa, al considerar que, “no refleja el sentir de los aragoneses”. Los populares, por su parte, consideran que la ley permitirá “extender el uso del catalán por todo Aragón. En este sentido, hay que señalar que el PP entregó a Marcelino Iglesias un documento en el que se recogían las 43.000 firmas que los populares han recopilado contra la nueva normativa.

Por su parte, IU, en una posición muy contraria al de populares y aragonesistas, lamentaba la ocasión que se ha perdido para reconocer los derechos de los hablantes en aragonés y catalán y su cooficialidad. Algo que sí estaba recogido en el dictamen de política lingüística de 1997.