Cabe recordar que los hechos que se juzgan ahora tuvieron lugar el 12 de enero de 2007, en la carretera comarcal Fago-Majones, donde falleció el entonces alcalde de Fago, Miguel Grima, tras recibir el disparo de una escopeta.
Las investigaciones realizadas desde entonces están recogidas en un sumario de 11 tomos y 4.280 folios, aunque el único detenido como presunto culpable sigue siendo el guarda forestal de la localidad, Santiago Mainar, que desde su detención, unos veinte días después del crimen, ha permanecido en prisión a la espera del inicio del proceso judicial.
Mainar se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel, por supuesto delito de asesinato en concurso con otro atentado, ya que la Fiscalía entiende que el móvil fue la animadversión del imputado hacia Grima. El forestal también se enfrenta a un año de cárcel por tenencia ilícita de armas, aunque la escopeta con la que se efectuaron los disparos no ha aparecido.
Las principales pruebas contra Santiago Mainar son los restos de ADN encontrados en el vehículo de la víctima y su declaración autoinculpándose después de su detención, si bien, ante el juez, Mainar siempre ha mantenido su inocencia.
De hecho en su comparecencia, que ha sido una de las que ha abierto el juicio, ha ratificado su inocencia y ha explica que acordó con la benemérita que si se autoimculpaba otras personas no serían presionadas. Tras esta primera declaración de Santiago Mainar y hasta el próximo 25 de noviembre está previsto que acudan a declarar unos 122 testigos, entre peritos y vecinos, médicos forenses y guardias civiles. El día 25 ambas partes expondrán sus conclusiones.
Pero el juicio, como sucedió en el momento del crimen, ha generado una gran expectación entre los medios de comunicación de todo el país, y Fago ya se ha convertido en la imagen de apertura de numerosos informativos. Se han acreditado casi 200 periodistas, de 32 medios diferentes, para seguir la vista oral y se han desplazado a la capital oscense cerca de 35 unidades móviles. Este despliegue mediático ha motivado la instalación de un pabellón de la prensa en la plaza López Allué, cercana a la sede de la audiencia provincial, donde los periodistas podrán seguir en tiempo real de lo que suceda en la sala de vistas.