Esa es una de las novedades que incluye un plan de inversiones que para todo Aragón cuenta con 143 millones de euros, de los que la provincia oscense recibirá 24.353.455, casi 6, para los municipios altoaragoneses.
En concreto los consistorios podrán destinar el 20 por ciento a la financiación de gastos corrientes que ocasione la prestación de servicios sociales de competencia municipal, espacialmente en educación y atención a la dependencia. Así, de los 5,8 millones disponibles, las localidades alto aragonesas podrán destinar 1,1, a gastos corrientes, y 4,6, a proyectos.
Como en el anterior fondo, los ayuntamientos serán quienes decidan las actuaciones a acometer, teniendo en cuenta que han de ser de nueva planificación y que comenzarán a ejecutarse a partir del próximo mes de enero.
Para realizar los proyectos se contratará a parados, dando prioridad a aquellos que lleven más de 12 meses y abriendo la puerta al contrato de trabajadores autónomos, no incluido en el plan anterior. Cuentan con tres meses para presentar las propuestas y todos los trámites deben ser realizados por internet.
Todas las propuestas que se presenten deben estar incluidas en una de las tres grandes líneas que ha definido el gobierno para acometer el fondo. La primera es la sostenibilidad económica, e incluye el desarrollo de parques empresariales, científicos y tecnológicos o infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico.
La segunda se refiere a la sostenibilidad ambiental, con actuaciones para el ahorro y eficiencia energética y de recursos hídricos o medios de transporte menos contaminantes. Y la tercera, la sostenibilidad social, con centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos.
Pero además, en el nuevo fondo se permite a los municipios con menos de 2.000 habitantes realizar obras de mejora en redes viarias y de rehabilitación de entornos públicos urbanos, entre otras. Cabe recordar que fue una de las líneas que más se solicitó en la anterior entrega. Asimismo se ha modificado el importe de los anticipos que se transfiere a los ayuntamientos una vez aprobados los proyectos. Ahora recibirá el 85%, frente al 70 del anterior programa.